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La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fue un organismo chileno creado por el presidente Patricio Aylwin Azócar, mediante el decreto supremo n.º 355, de 25 de abril de 1990, del Ministerio del Interior,1​ con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura presidida por monseñor Sergio Valech, fue creada por decreto 1.040 de 26 de septiembre de 2003, bajo el mando del presidente Ricardo Lagos Escobar. Comenzó a funcionar en noviembre de 2003 y recibió el testimonio de más de 35.000 personas que vivieron prisión política y sufrieron tortura a lo largo del país entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. Estos testimonios permitieron reunir antecedentes respecto a los lugares utilizados como Recintos de detención a lo largo de todo Chile. Estos sitios fueron utilizados por agentes del Estado con el solo propósito de llevar a cabo, en forma sistematizada y en total impunidad, los delitos de tortura, secuestro calificado, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal, entre otros crímenes de lesa humanidad.

Como consecuencia de la violación a los derechos humanos cometidos en Chile tras el golpe militar de 1973, muchas personas se acercaron a las distintas instituciones religiosas que existían en el país, en busca de consuelo, protección y apoyo ante las dramáticas circunstancias que los afectaban. En este contexto, representantes de la Iglesia Católica; las iglesias evangélicas (Metodista, Bautista, Evangélica Luterana, Ortodoxa, Metodista Pentecostal); de la comunidad Israelita y del Consejo Mundial de Iglesias dieron vida al Comité de Cooperación para la Paz en Chile, el 6 de octubre de 1973. Presidida por monseñor Fernando Ariztía Ruiz y dirigida por el sacerdote jesuita Fernando Salas, esta organización de carácter ecuménico, dio asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual a todos los chilenos que sufrían persecución política, llegando a atender, sólo el departamento de asistencia a los familiares de detenidos desaparecidos, a 8.718 personas en sus dos años de vida.

Sin embargo, la acción emprendida por esta institución provocó un profundo malestar en las altas esferas políticas de la dictadura militar, lo que llevó a que el 11 de noviembre de 1975, el general Augusto Pinochet, mediante una carta dirigida al Cardenal Raúl Silva Henríquez, solicitara la disolución del Comité, lo que significó el fin de la institución.